ANÁLISIS / El nuevo plan incluye incentivos al alquiler asequible, castigos fiscales a los pisos turísticos, los extranjeros y las Socimis. Sin embargo, algunas de estas propuestas pueden quedar paralizadas o apenas tener impacto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó una batería de medidas con tres objetivos claros: ‘Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas’. De esta forma, el Ejecutivo continuaba su estrategia de intervención en el sector inmobiliario español y daba un paso más tras el limitado efecto que ha tenido la Ley de Vivienda.

La realidad es que el acceso al mercado, tanto de compra como de alquiler, sigue siendo muy complicado para muchos ciudadanos, sobre todo, jóvenes y en las grandes ciudades. En el tercer trimestre de 2024, el precio de la vivienda aumentó un 8,3%, la mayor subida desde el primer trimestre de 2022 y muy por encima de los promedios para la UE (3,8%) y la eurozona (2,6%), según Eurostat. El alquiler también está disparado. 

En 2024, las rentas subieron un 11,5% interanual hasta marcar un nuevo máximo histórico en los 13,5 euros/metro cuadrado al mes, de acuerdo al último informe de Idealista. Detrás de esta espiral, hay una fuerte demanda y una oferta muy escasa. Esta dinámica va a seguir presionando los precios al alza. El consenso de expertos de EXPANSIÓN pronostica que la vivienda se encarecerá un 6% este año y los alquileres, un 9%. La fórmula del Gobierno para afrontar esta situación pasa por impulsar las rentas asequibles con ventajas fiscales y penalizar a otros agentes del mercado, como los pisos turísticos, los compradores extranjeros y las Socimis. El plan también apuesta por aumentar el parque público de vivienda.

Sin embargo, buena parte de estas medidas pueden verse modificadas o, incluso, paralizadas, porque 5 de las 12 iniciativas necesitan respaldo en el Congreso –incluyendo todas las fiscales y el plan de avales públicos–. Y el Gobierno no tiene cerrados, por ahora, esos apoyos.